El presupuesto de la Consejería de Igualdad para 2021 crece y supera los 2.259 millones

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en Comisión parlamentaria el presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021. Su departamento asciende a 2.259,71 millones. Un 3,44 por ciento más que para el año 2020 cuando se destinó 2.181,92 millones. «Se trata del mayor presupuesto de la historia para políticas sociales y dependencia«, ha señalado.

«Los efectos perversos de la pandemia están afectando con mayor virulencia a las personas en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social. Desde que comenzó esta crisis sanitaria, económica y social, el Gobierno andaluz se ha volcado en atender las necesidades urgentes y las situaciones de emergencia social que han ido surgiendo», ha destacado.

Estas cuentas vienen a confirmar «la política llevada a cabo desde el inicio de la pandemia por Covid-19. Ha supuesto la movilización de mas de 100 millones de euros en ayudas. Tanto ordinarias como excepcionales, contra la pobreza y la exclusión social. Garantizando las prestaciones y los servicios públicos esenciales.

Ayudas contra la dependencia y la pobreza infantil y exclusión

La consejera ha explicado que, para el próximo año 2021, su departamento ha puesto el foco en dos objetivos estratégicos. La atención a la dependencia y la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión.

El programa 31R de ‘Atención a la dependencia, envejecimiento activo y discapacidad’ se ha visto incrementado. Un 6,2 por ciento con 93,3 millones de euros más que en 2020 hasta alcanzar 1.609,1 millones. Esta partida se destinará a ampliar en más de 6.000 las personas beneficiarias del sistema, incrementar en 250 las plazas residenciales.

El programa 31E de ‘Atención a la infancia’ está dotado con 194,3 millones de euros. Se financia en su mayor parte con fondos propios de la Junta de Andalucía. cabe destacar 11,8 millones de euros para la concesión de ayudas económicas a las familias, 13,8 millones para dispositivos de atención a menores en riesgo y 1,9 millones para los programas preventivos y los controles de evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual.