Las últimas llegadas de inmigrantes sucedidas en Granada han desatado toda una polémica a nivel nacional. Que en mitad de una pandemia mundial haya ocurrido este traslado desde Canarias hasta la provincia granadina, no ha sentado nada bien a muchos sectores de la sociedad. Más aún con unas políticas restrictivas vigentes que reducen la movilidad de todos los habitantes de Andalucía.
De hecho, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha mostrado recientemente su disconformidad con dicho desplazamiento y ha criticado directamente al Gobierno central. Los populares acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de haber «incumplido las normas» de la pandemia al fletar varios vuelos con inmigrantes sin haberles realizado su PCR correspondiente previamente.
Sin embargo, esta versión de los hechos la ha negado por completo Inmaculada López, subdelegada del Gobierno en Granada. Según López, el Gobierno central no habría organizado ningún traslado de inmigrantes desde el archipiélago canario hasta la Península Ibérica. La subdelegada ha afirmado que estas personas se desplazaron a Granada en un vuelo comercial mediante «sus propios medios».
«Son personas libres que se trasladan por sus propios medios para reunirse con familiares o con trabajadores legales» que puedan estar distribuidos por el resto del territorio nacional, ha agregado López.
Prueba PCR a su llegada
Además, la subdelegada ha asegurado que estos inmigrantes se sometieron a una prueba PCR a su llegada a España. Según sus palabras, el Gobierno tendría un convenio en vigor con las autonomías para la realización de estos test en cuanto pisaran suelo español.
Estos argumentos explicarían por qué no se produjo ningún protocolo de recepción al aterrizaje del vuelo en el aeropuerto Federico García Lorca de Granada-Jaén. No obstante, la persona que grabó los vídeos ya virales desde dentro del avión aseguraba que los pasajeros quedaban «sueltos por Andalucía, España y Europa». Así, daba a entender que sí consistió en un vuelo organizado por el Gobierno para trasladar inmigrantes a la Península.
Varios grupos políticos de la oposición han exigido al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que comparezca en el Congreso de los Diputados para aclarar la situación y «con la verdad por delante». Incluso Juan Marín, vicepresidente de la Junta, ha pedido su dimisión. Las aclaraciones de la subdelegada en Granada son solo un capítulo más de una polémica que está lejos de poner el punto final.
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