La Junta afirma que el Gobierno de España “no puede ocultar más que la decisión sobre la sede de la AESIA fue política, agraviando a Granada”

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Marifrán Carazo, ha reivindicado que el Gobierno de España “ya no puede ocultar más que fue una decisión política la ubicación de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial en La Coruña, lo que supuso un intolerable agravio para Granada y Andalucía”.

Carazo ha hecho estás valoraciones tras conocerse que el informe estatal de la Agencia de la Inteligencia Artificial está fechado 52 días después de concederse la ubicación de la sede a La Coruña, “cuando Granada y los granadinos estábamos en pie de guerra ante una decisión que nunca entendimos y por la que aún no se han dado las explicaciones correspondientes desde el Gobierno central”.

“Las instituciones y la sociedad granadina no nos vamos a quedar quietos ante esta injusticia, tenemos que defender a Granada”, ha reclamado la consejera granadina.

Defender a Granada y los granadinos ante esta injusticia

La Junta de Andalucía ha instado al Ayuntamiento de Granada “a que vayamos hasta el final con el recurso judicial a través del que exigimos transparencia y luz en todo este proceso, al entender que no podemos entrar en compensaciones ni segundos platos, cuando lo que debemos es mantenernos todos a una para reclamar explicaciones en una decisión que cada vez se torna más oscura y dirigida”.

Precisamente, el pasado miércoles 22, la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada remitió un escrito al alcalde de la capital, Francisco Cuenca, en relación con el procedimiento judicial que se sigue contra la orden del Ministerio de la Presidencia respecto a la adjudicación de la sede de la futura Agencia Estatal de Inteligencia Artificial.

En concreto, la petición de la Junta de Andalucía va encaminada a lograr la “mayor transparencia posible” en este proceso, por lo que insta al Ayuntamiento de Granada a que le facilite, dentro del marco de colaboración suscrito entre ambas administraciones, información relativa a las actuaciones que se han llevado a cabo por parte del Consistorio granadino respecto a la adjudicación de la sede de la AEIA, así como remisión de toda la documentación obrante en el procedimiento judicial.

Además, piden la justificación de la no petición de la medida cautelar de suspensión de la ejecutividad del acto administrativo impugnado, para, en el caso de que no se haya aportado por parte de la administración municipal en plazo el expediente administrativo, conocer la justificación de la no petición de reiteración de su aportación, así como solicitud de imposición de multas coercitivas y responsabilidad del funcionario responsable de su aportación”.