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Foto: Ayuntamiento de Granada
Todos los agentes del comercio tradicional y de proximidad de Granada -Ayuntamiento de Granada, Diputación Provincial de Granada, fuerzas sindicales (UGT y CC OO), Federación Provincial de Comercio y FACUA- muestran el “consenso existente” contra la declaración, por parte de la Junta de Andalucía, de Granada como Zona de Afluencia Turística y anuncian la interposición un recurso contencioso administrativo contra esta decisión, que han calificado de “unilateral” y un “ataque que, sin duda, hiere de muerte” al sector del pequeño y mediano comercio, “que en la provincia de Granada representa el 39 por ciento de la actividad económica de la ciudad, el 29 por ciento del Producto Interior Bruto y emplea a 16.000 personas, la mayoría mujeres, con trabajo estable y de calidad”.
El Ayuntamiento de Granada ha acogido esta mañana una comparecencia de prensa ofrecida por el concejal de Turismo y Comercio, Eduardo Castillo; el secretario general de Servicios de Comisiones Obreras, Roberto Ariza; el secretario de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, y la presidencia de FACUA en Granada, Mar Solera, en la que han mostrado la “la unión” de todo el sector del Comercio de presentar recurso contencioso administrativo contra la declaración de Granada como Zona de Afluencia Turística, que al “llevar encubierta la liberalización horaria del comercio, con la posibilidad de apertura durante seis meses del año, beneficia a las grandes superficies comerciales, en detrimento de los comercios tradicionales y de proximidad”.
La medida, tal y como ha informado Eduardo Castillo, se produce una vez que “hemos agotado la vía administrativa”, ya que la Junta de Andalucía, en todo momento, “ha hecho oídos sordos a la propuestas realizadas por el Ayuntamiento, que en todo momento ha buscado una solución y ha estado abierta al diálogo para conseguir incluso una moratoria”, ha lamentado, para a continuación informar que el recurso de reposición presentado por el Consistorio granadino “también ha sido desestimado por el Gobierno autonómico”, por lo que ha alertado del “inicio de un conflicto” y ha calificado de “muy preocupante su repercusión en el comercio tradicional granadino”.
Apoyo total del Ayuntamiento al comercio granadino
Para Castillo Jiménez, el Ayuntamiento de Granada va a estar en todo momento al lado de las necesidades del pequeño y mediano comercio, porque, entre otras cosas, es nuestra obligación protegerlo. Estamos hablando de un sector que genera empleos, de calidad y estable, donde la mayoría de las personas contratadas son mujeres, pero, además, dan vida a nuestras ciudades y vertebran territorios”, ha destacado, para a continuación advertir de que la entrada en vigor de la flexibilización horaria del comercio que conlleva la declaración de la Zona de Afluencia Turística, que entrará en vigor el próximo 2 de abril, supondrá “la asfixia del pequeño y mediano comercio, frente a las grandes franquicias y superficies comerciales, a la vez que empeorará las condiciones laborales de muchos trabajadores y trabajadoras”.
Eduardo Castillo, quien ha vuelto a solicitar a la Junta de Andalucía que “escuche” al sector y aplique la moratoria que se ha solicitado, ha informado que la propuesta de presentación de recurso contencioso administrativo será presentada en Comisión Municipal Delegada de Comercio para aprobación de los distintos grupos políticos municipales con representación en el Ayuntamiento de Granada.
Para Roberto Ariza, responsable de Servicios CCOO Granada, la decisión unilateral de la Junta en declarar Granada como Zona de Gran Afluencia Turística tendrá muchos efectos negativos. Para CCOO, todos centrados en el Comercio: en destrucción del comercio tradicional y en empeoramiento del empleo existente en los tres modelos comerciales que conviven: grandes superficies, cadenas de alimentación, así como pequeño y mediano comercio: cada modelo con un marco de condiciones laborales distinto.
Una medida innecesaria
En su opinión, a partir de abril empeora el empleo y la calidad de vida de miles de granadinas y granadinos para nada, porque los turistas no están demandando que se amplíen los horarios que hay. Desde CCOO recordamos que el Comercio en general puede abrir 90 horas semanales de lunes a sábado. Y 16 festivos y domingos. Los establecimientos de menos de 300 metros cuadrados tienen libertad horaria.
“Esta medida es una liberalización de los horarios por la puerta de atrás. Y es la última vuelta de tuerca que nos dan a las plantillas. Nuestros horarios ya son incompatibles con la conciliación”, asegura el responsable sindical. Por ello desde CCOO ya hemos solicitado, a través de las aportaciones del VII Plan de Comercio Interior de Andalucía, que se desligue la apertura de los horarios comerciales de las Zonas de Gran Afluencia Turística. Además de aportar estudios que valoran su impacto en el empleo.
Continuamos las movilizaciones y nos movilizamos ante la Presidencia de la Junta de Andalucía, junto al resto de provincias afectadas.
Libertad de apertura comercial
Desde la Federación Provincial de Comercio de Granada, su secretario ha recordado que en Granada los establecimientos comerciales con menos de 300 metros cuadrados, que representan más del 90 por ciento de la oferta comercial, ya cuentan con libertad de apertura comercial, “por lo que no existe una falta de oferta comercial, de tal modo que el generalizar la libertad de apertura comercial a todo el centro de Granada, únicamente beneficia a las grandes superficies comerciales y cadenas de distribución comercial, instalados en el centro de nuestra ciudad, lo que dará lugar a un grave daño al comercio tradicional, a la conciliación de la vida laboral y familiar, y a la economía de los pequeños y medianos comercios granadinos”.
Por su parte, Mar Solera, presidenta de FACUA en Granada, ha hecho hincapié en los efectos negativos que la liberalización horaria del comercio tendrá en el consumidor, “no solamente por lo que afecta al consumo habitual, sino también por nuestro compromiso por incorporar un consumo responsable y sostenible, en la medida en que es responsabilidad de todos y todas educar a la ciudadanía en unos hábitos de compras acorde con la situación de emergencia climática en la que nos encontramos”.
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