El Partido Popular de Maracena, que gobierna desde junio en coalición con Vox, se comprometió en campaña a lanzar una bolsa social de empleo con “mejores” criterios sociales para las personas más vulnerables, y el alcalde, Julio Pérez, ya lo anunció en el pleno del pasado junio. Sin embargo, las bases de dicha bolsa han salido recientemente publicadas y la indignación se ha extendido entre los vecinos de Maracena porque han eliminado como criterio evaluable ser víctima de violencia de género.
En palabras de Rosa Carmen Sánchez Mochón, anterior responsable socialista de Igualdad “el resto de criterios de dicha bolsa son idénticos a los lanzados por nosotros, donde se puntuaban la vulnerabilidad económica, la cantidad de hijos, discapacidad, etc., pero casualmente ha desaparecido el criterio que otorgaba puntos a ser víctima de violencia de género”.
Dicho criterio se encuentra tanto en las acciones sociales del Gobierno Central como en las propias de la Junta de Andalucía, y Sánchez Mochón recalca que “es inadmisible que esta coalición de derechas vaya a hacer retroceder a Maracena en políticas sociales, cuando siempre ha sido un municipio solidario y activo en la lucha contra la violencia de género”.
Preocupación social
El grupo municipal socialista de Maracena ha reaccionado con evidente preocupación ante esa “desaparición”. Carlos Porcel, su portavoz, ha expresado su malestar “por una más que evidente declaración de principios donde el PP ha asumido plenamente los postulados negacionistas de Vox, ya sea porque piensa de igual manera, o porque no es más que un títere atrapado entre cuatro partidos”.
Sánchez Mochón ha reprochado al PP las dos primeras acciones de gobierno de esta legislatura: “la primera fue el aumento del número de sueldos de concejales y asesores políticos hasta casi el doble, una verdadera barbaridad, pero esta segunda acción muestra una intencionalidad política extrema, un ataque a las prestigiosas políticas de igualdad en las que Maracena ha destacado desde hace décadas”.
Desde el PSOE denuncian el “menoscabo a las víctimas de violencia de género y la aplicación de medidas partidistas que imposibilitan la integración laboral de las mismas”.
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