La nueva ordenanza del taxi contempla precios cerrados y compartir vehículo

El órgano colegiado municipal ha dado el visto bueno a la renovación de la ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo Auto-Taxi, que tras aprobación en Comisión de Movilidad ha sido ratificada en Pleno ordinario de febrero. La misma adapta el texto normativo de la anterior, de 2021, a la nueva realidad del sector del taxi mediante la incorporación del precio cerrado y la posibilidad de coche compartido.

La medida se enmarca, en palabras de la concejala de Protección Ciudadana y Movilidad, Ana Agudo, en la apuesta por la “renovación y modernización” del marco normativo municipal, para “agilizar, flexibilizar y hacer más fácil” la gestión administrativa a la ciudadanía.

Persigue mejorar los servicios que ofrece la gremial del taxi a los ciudadanos, ya que “por una parte, se trata de ofrecer el precio cerrado para los servicios previamente contratados a través de una app, plataforma o empresa de intermediación, de manera que los usuarios puedan conocer de forma anticipada la tarifa máxima que pagarán al final del trayecto”, ha explicado Agudo. “Pero además se plantea como incorporación a la Ordenanza la contratación del servicio por plaza, conocido como ‘Taxi compartido’, en supuestos de gran demanda, con el objetivo de abaratar el coste de los trayectos y contribuir a reducir el volumen del tráfico, medida que también va encaminada al cuidado de la calidad de aire y del medioambiente”.

En el marco de este “nuevo impulso para mejorar la relación del ciudadano con el Ayuntamiento”, se ha aprobado también la nueva normativa de Ciberseguridad y de Protección de Datos del Consistorio Granada que permite su actualización y la adopción de nuevas medidas de defensa frente a posibles ataques o riesgos cibernéticos”.

Desarrollada por la dirección técnica de Seguridad del Consistorio, se incluyen modificaciones referidas a aspectos como la posibilidad de inclusión de organismos autónomos y organismos equivalentes, a través de la adhesión a esta Política de Ciberseguridad y Protección de Datos, mediante la firma del instrumento jurídico oportuno; y a la composición del Comité Técnico de Ciberseguridad al objeto de adaptarlo a la organización municipal, a la vez que se reduce el número de sus miembros, con el fin de hacerlo más operativo.

Otras reformas introducidas afectan a las funciones del Responsable de Ciberseguridad, la separación de funciones que debe existir entre la figura del delegado de Protección de Datos y el responsable de Seguridad dentro del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y figuras asimiladas o la “designación de una persona intermediaria en cada Concejalía, así como en Policía Local y en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS), que sirva de contacto para la colaboración y coordinación con las funciones de la Dirección Técnica de Ciberseguridad y del delegado de Protección de Datos”, según se recoge en la propuesta.

Los cambios incorporados se completan con modificaciones relativas a la figura de Responsable del Sistema, la modificación en las funciones de los administradores de Ciberseguridad, la ampliación de la revisión de la Política de Ciberseguridad y de Protección de Datos de un año a dos años, la revisión del apartado relativo a ciber incidentes y brechas de seguridad, y, por último, una modificación para adaptación a la normativa vigente relativa a terceras partes.

Por otra parte, también se ha aprobado la construcción de un helipuerto para el INFOCA en el Camino de Purchil. La nueva infraestructura de lucha contra incendios, que ocupará casi 12.000 metros cuadrados en una parcela de la Junta de Andalucía anexa al Centro Operativo Regional (COT) del Plan INFOCA.

El futuro helipuerto, cuyo proyecto de construcción fue presentado al Ayuntamiento de la capital por la Junta de Andalucía en 2019, ofrece una ubicación estratégica para la prevención y extinción de incendios forestales, tanto en la Vega de Granada como en el Parque Nacional de Sierra Nevada, y su actividad no afecta a núcleos urbanos, según se ha destacado en la Comisión de Urbanismo. El proyecto contempla una zona de aterrizaje y despegue de helicópteros, con cuatro zonas de aparcamiento de aeronaves, nave de maquinaria y servicio y viario interior, incluyendo el soterramiento de línea eléctrica.

Apoyo a la designación de Granada como futura sede de la AESAP

El Pleno municipal ha aprobado una declaración institucional presentada a instancias del grupo municipal del PP en apoyo de que Granada sea la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), después de que el pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de Ley para la creación de este organismo.

La declaración aprobada por unanimidad, realiza una petición al Gobierno de España de “transparencia y objetividad en el proceso de selección de la capital que será la sede de EASP,”, para que no se vuelvan a repetir los agravios o injusticias que se produjeron en la selección de la sede de la Agencia Estatal de Inteligencia Artificial, según declaraciones portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra.

Asimismo, ha hecho hincapié en los méritos de Granada, en tanto que dispone ya de una sede física, que sitúa en la EASP, “ya que es obvio que debe ser el centro obligado en el que estará alojada la futura Agencia Estatal de Salud Pública”, a la vez que mantiene “una estrecha colaboración, entre otros, con la Universidad de Granada”, institución que cuenta con “prestigiados internacionalmente” departamentos de Medicina Preventiva y Salud Pública, a la vez de con departamentos de docencia e investigación en todos las facultades y centros relacionados con las ciencias de la salud (Medicina, Farmacia, Ciencias de la Salud, Psicología, etc.). Se trata, según reza en la declaración institucional, “de un baluarte que incrementa de manera más que evidente las razones por las que Granada es la candidata idónea entre todas las ciudades andaluzas en aspirar a tener esta sede estatal”.

Elementos y factores a los que se añaden los colegios profesionales de médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, entre otros, e institutos de investigación, servicios hospitalarios, unidades de vacunología y otros, que componen un entramado científico, investigador, docente y divulgativo, con la suficiente entidad.

Granada se adhiere a la declaración de la FAMP con motivo del 8M

El Ayuntamiento de Granada aprueba una moción por el que la ciudad con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer se adhiere al manifiesto acordado en el seno de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).

La ciudad reitera así su “firme” compromiso en la consecución de la igualdad plena entre mujeres y hombres, como cuestión fundamental para avanzar en una sociedad más democrática y se adhiere al tema propuesto en esta edición por la ONU bajo el lema ‘Inversión en las mujeres: acelerar el progreso’, temática que va a centrar las diferentes actividades organizadas por el Consistorio granadino con motivo de esta efeméride.

Respaldo al sector agrícola granadino

El Ayuntamiento de Granada ha aprobado una moción, presentada por el grupo municipal. del Partido Popular, de apoyo a las peticiones de los agricultores y ganaderos que reclaman “la actualización de los acuerdos de la Unión Europea con terceros países y la aplicación de cláusulas espejo para conseguir una necesaria igualdad de condiciones entre agricultores y ganaderos europeos con los de estos países para evitar situaciones de competencia desleal”.

El texto de la moción insta al Gobierno central a que establezca un diálogo permanente con la Junta de Andalucía, tal y como reclama esta última, de la mano de las entidades y organizaciones del sector primario, para reclamar a la Unión Europea más financiación para la PAC y más acceso a mecanismo excepcionales de ayuda”, a la vez que se considera “legítimas” las reclamaciones del sector “en relación a una mayor flexibilización y simplificación del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aspectos como los ecorregímenes de las cubiertas vegetales, especialmente dada la dificultad de darle cumplimiento en plena sequía, o con las unidades de ganado mayor en el caso de la ganadería extensiva, también comprometidas con el déficit hídrico”.

El Pleno municipal también ha respaldado la moción presentada por el PP en la que se solicita al Estado la mejora y reforma del programa ‘FSE+ de Asistencia Material Básica mediante un incremento de su presupuesto.

El texto aprobado exige una “reformulación con la máxima celeridad posible, del actual Programa ‘FSE+ de Asistencia Material Básica’, que sustituyó el Programa Operativo de Fondo de Ayuda a los Desfavorecidos (FEAD), ejecutado en el periodo 2014-2021 y prorrogado hasta 2023. En este sentido, exige la habilitación “de una vía dual para la provisión de la ayuda de modo que, junto a la modalidad indirecta, a través de un sistema de tarjetas, puedan proporcionarse alimentos y asistencia material básica, directamente, a las personas más desfavorecidas, a través de las entidades de distribución”.

La moción del PP pide además que se modifique “la definición de los principales grupos destinatarios, de manera que la intervención no se concentre exclusivamente en familias con menores a cargo, ampliando el perfil de las personas destinatarias en función de su situación de vulnerabilidad”.