Las II Jornadas de Educación y Justicia abordan la ciberdelincuencia y los delitos relacionados con móviles y redes sociales

Están dirigidas a los equipos directivos y profesionales de la orientación de centros que trabajan con menores sujetos a medidas judiciales

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María José Martín, y el delegado de Justicia, Administración Local y Función Pública, Luis Recuerda, han presentado las II Jornadas de Educación y Justicia que tienen como objetivo central el desarrollo continuo y la consolidación de la atención educativa a menores sujetos a medidas judiciales en la provincia.

En esta ocasión, las jornadas se llevarán a cabo el próximo día 10 en la Facultad de Ciencias, abordando el tema de la ciberdelincuencia y los delitos relacionados con móviles y redes sociales. Estas jornadas estarán dirigidas especialmente a Equipos directivos y profesionales de la orientación de centros que imparten ESO, enseñanzas postobligatorias o de régimen especial, Centros de Educación Permanente, Residencias Escolares y Escuelas Hogar, Servicio de inspección, profesionales de los Equipos de Orientación Educativa; orientadores de Unidades de Acompañamiento, personal técnico del Servicio de Justicia de la Delegación de Granada y entidades colaboradoras y Equipos Técnicos de Fiscalía de Menores de Granada.

En estas jornadas intervendrán destacadas figuras como Rosa Mª Guerrero Rodríguez, Fiscal Delegada de Menores de la Fiscalía Provincial de Granada, y se llevará a cabo una Mesa de trabajo coordinada por Antonio J. Martos Martín, Coordinador ETPOEP de la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, con la participación de diversos expertos en la materia.

Dar a conocer a los distintos profesionales

El delegado de Justicia destacó que estas jornadas «son fruto del trabajo conjunto realizado entre ambas consejerías», asegurando que entre sus principales objetivos se encuentran el «dar a conocer a los distintos profesionales de este ámbito el funcionamiento de los recursos existentes por parte tanto del ámbito educativo como el de justicia». Recuerda que esta colaboración busca «garantizar el derecho a la educación y continuar en los procesos educativos de aquellos menores infractores que cumplen medidas».

Según informó la delegada de Desarrollo Educativo, «desde el año 2006, se ha observado un compromiso firme y una colaboración estrecha entre la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública y la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Esta cooperación ha dado lugar a un marco de actuación común que garantiza un seguimiento educativo personalizado para el alumnado afectado, adaptándose a sus circunstancias personales, familiares y sociales.

Los convenios y acuerdos suscritos entre ambas consejerías «son la base de nuestro trabajo, proporcionando el respaldo legal y operativo necesario para ofrecer una atención especializada a un colectivo que enfrenta desafíos únicos. Reconocemos la necesidad de acciones concretas y recursos destinados a garantizar esta atención, dada la trayectoria escolar irregular y las complejas circunstancias que enfrentan estos menores».

Mejorar la atención educativa

El acuerdo de colaboración firmado busca mejorar la atención educativa a las personas que cumplen medidas judiciales impuestas por los juzgados de menores . Entre las obligaciones y mejoras destacadas en este acuerdo se encuentran el establecimiento de procedimientos para el intercambio de información entre ambas consejerías, con el fin de mejorar la calidad educativa e intervención con los menores sujetos a medidas judiciales; la adecuación de los espacios y equipamientos de los centros de internamiento, y dotación de personal de apoyo, incluyendo acceso a recursos didácticos digitales; la creación de un «profesional referente» en las Delegaciones Territoriales en materia de Educación, para facilitar la implementación del acuerdo y asegurar la escolarización de los menores infractores, además de garantizar la escolarización en centros del sistema educativo público andaluz para cursar la educación obligatoria y posibilitar la escolarización postobligatoria, entre otros.

Este acuerdo refleja el compromiso compartido con el bienestar y el desarrollo integral de todos los jóvenes de nuestra comunidad. Se espera que esta colaboración entre ambas consejerías permita brindar una atención educativa más efectiva y centrada en las necesidades de los menores infractores.

Intervenciones educativas y compensatorias

La delegación ha asumido un papel fundamental en la articulación y ejecución de estas acciones. A través del Servicio de Ordenación Educativa, se han asignado tres docentes altamente cualificados para llevar a cabo intervenciones educativas y compensatorias. Estos profesionales desempeñan una variedad de funciones vitales, desde la coordinación con instituciones de justicia hasta el seguimiento directo del progreso académico y socioeducativo del alumnado. En el curso académico 2023/24 se han atendido a un total de 344 menores.

Es importante destacar que las acciones no se limitan únicamente al ámbito educativo. Se mantiene una estrecha colaboración con diversas entidades y servicios, incluidos los centros de internamiento, los servicios sociales y los equipos técnicos de medio abierto, lo que permite abordar de manera integral las necesidades de estos jóvenes.