Juzgados sin barreras y asistencia a víctimas vulnerables centran el Plan de Humanización de Justicia

La eliminación de barreras físicas y sensoriales en las sedes judiciales, la traducción de la documentación judicial a lenguaje accesible y los servicios de acompañamiento y apoyo a las víctimas de delitos más vulnerables durante los procesos judiciales son algunas de las medidas del Plan de Humanización de la Justicia en Andalucía con la que la Consejería de Justicia busca apoyar la labor que el movimiento asociativo de las personas con discapacidad lleva años realizando.

Así lo ha manifestado hoy el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, durante la presentación en Granada del Foro Aequitas de Discapacidad en Andalucía Oriental. La iniciativa busca aunar en una plataforma a profesionales jurídicos, de las administraciones públicas, las universidades y del movimiento asociativo para trabajar en la protección de los derechos de las personas con discapacidad y los mayores vulnerables

Nieto ha alabado la labor que desde hace 25 años realiza la Fundación Aequitas y otros colectivos que trabajan por los derechos y la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Gracias a esa labor “hoy ya trabajamos sobre unos cimientos” y las medidas del Plan de Humanización de la Justicia pretenden sumar a ese trabajo.

Entre estas medidas destacan las obras en las sedes judiciales para eliminar barreras arquitectónicas y garantizar la accesibilidad a las personas con problemas de movilidad: el uso de nuevas tecnologías como los bucles magnéticos en los mostradores de atención al público de los juzgados que aíslan el ruido para facilitar la escucha a las personas con implantes cocleares; la dotación de espacios de espera seguros y confortables para que las víctimas de violencia de género no se encuentren con su agresor cuando acuden al juzgado; o la instalación de salas Gesell para la práctica de pruebas preconstituidas que evitan que víctimas de delitos especialmente vulnerables tengan que acudir varias veces a declarar.

También la traducción a un lenguaje accesible de los autos, sentencias y notificaciones judiciales que afectan a personas con problemas de comprensión. Un servicio del que se hizo una prueba piloto en Sevilla y que actualmente ya está disponible para que los jueces de toda Andalucía que lo consideren necesario soliciten una traducción que realizan profesionales de la Fundación de la Purísima Concepción de las Hermanas Hospitalarias de Granada, adjudicataria del contrato.

El consejero ha destacado que “la Justicia tiene por objeto lo que ya viene realizando Aequitas hace mucho tiempo” como es la resolución de conflictos y la protección de la ciudadanía, especialmente aquellas personas cuyas circunstancias vitales, por diversos motivos, las hacen más vulnerables.

“Hay que poner en valor la Justicia de los cuidados”, ha defendido, y ha apelado a la colaboración de las administraciones públicas, los jueces, fiscales, abogados y resto de profesionales que trabajan en la Administración de Justicia, pero ha dejado claro que “tenemos que integrar a la sociedad porque la Justicia tiene sentido para resolver los conflictos de la ciudadanía”

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha reconocido que en relación a las personas con discapacidad “había que despertar conciencias y, para eso, Aequitas ha sido fundamental” al tiempo que construir una nueva realidad política, legislativa y judicial en la que “afortunadamente hemos ganado mucho y las personas con discapacidad están mucho más protegidas”.

En esa protección juega un papel fundamental el Ministerio Público, según ha defendido la Fiscal Superior de Andalucía, Ana Tárrago. “La Fiscalía siempre ha estado en la protección de los colectivos vulnerables, aunque es una faceta mucho más desconocida”, ha incidido. La decana del Colegio Notarial de Andalucía, María Teresa Barea, también ha señalado que “el notariado siempre ha sido enormemente sensible con las necesidades y demandas de las personas más vulnerables, particularmente las personas con discapacidad”, si bien ha considerado necesaria la coordinación entre los diferentes operadores jurídicos e instituciones y entidades sociales con foros como el que se ha presentado hoy en la sede del Colegio Notarial.