Foto: Ayuntamiento de Granada
La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha encabezado hoy una importante reunión con la Federación de Hostelería y los directores de los principales hoteles de la ciudad, en la que se ha expresado el rechazo contundente a la nueva iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez que obliga a los establecimientos hoteleros a registrar los datos de los clientes.
Esta medida, parte del Real Decreto 933/2021, sigue generando un amplio malestar entre los empresarios turísticos, ya que consideran que no solo afecta a la operativa de los negocios, sino que también pone en peligro la privacidad de los clientes.
Durante el encuentro, al que también han asistido el portavoz del Ayuntamiento, Jorge Saavedra, y el concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Granada, Juan Ramón Ferreira, ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la ciudad, la alcaldesa ha compartido con los representantes del ramo hotelero y la Federación de Hostelería su preocupación por la implementación de esta medida, que se sumará a las dificultades económicas y operativas que ya atraviesa el sector turístico debido a la coyuntura económica y social. La alcaldesa ha mostrado su apoyo a los profesionales del sector y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de Granada para defender los intereses de los empresarios locales, en particular los que conforman el sector de la hostelería.
Normativa establecida
La normativa, que exige que los hoteles registren información detallada sobre los clientes, incluyendo datos sensibles, ha generado una gran controversia en todo el país. España recibió en 2023 más de 85 millones de turistas internacionales, cifra que superó las expectativas y posicionó al país como uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. El turismo es uno de los pilares fundamentales de la economía española, aportando una parte significativa al Producto Interno Bruto (PIB) y generando millones de empleos directos e indirectos. En Granada, el impacto es igualmente crucial, ya que el turismo representa una fuente esencial de ingresos para la ciudad.
En este contexto, Marifrán Carazo ha señalado que las pequeñas y medianas empresas hoteleras se verían gravemente afectadas por la nueva legislación, que impone una serie de obligaciones burocráticas complejas y onerosas, especialmente para los establecimientos de menor tamaño. La implementación de esta normativa también ha levantado preocupaciones sobre la protección de la privacidad y los derechos fundamentales de los turistas, tanto nacionales como internacionales, pues la recopilación y almacenamiento de datos podría vulnerar las normativas europeas de protección de datos.
A pesar de que tanto el Congreso como el Senado han aprobado mociones instando al Gobierno de España a reconsiderar o modificar esta normativa, la respuesta del Ejecutivo ha sido insatisfactoria. El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Granada, tras tomar conocimiento de los impactos que esta ley puede causar en la ciudad y el país, presentará una moción formal en el próximo Pleno del Ayuntamiento, solicitando la derogación del Real Decreto 933/2021 y la apertura de un diálogo con el sector turístico para buscar soluciones consensuadas.
Según la moción, la aplicación de este Real Decreto no solo podría perjudicar la competitividad de los destinos turísticos españoles, sino también poner en riesgo el empleo de millones de personas vinculadas al sector turístico. Además, se subraya que la normativa impone un desafío logístico y financiero significativo a los pequeños y medianos empresarios, quienes no tienen la capacidad tecnológica ni los recursos para cumplir con estas nuevas obligaciones sin afectar su operativa.
Reunión
La moción plantea que, tras la derogación del Real Decreto, se establezca un nuevo marco normativo más flexible y equilibrado, que permita a los operadores turísticos cumplir con las normativas de seguridad sin comprometer la viabilidad económica de sus negocios ni la seguridad de los datos personales de los viajeros.
Durante la reunión, la alcaldesa ha reafirmado su firme compromiso con la defensa del sector turístico de Granada, cuyo dinamismo es clave para el desarrollo económico de la ciudad. «El turismo es el motor económico de Granada. No podemos permitir que una medida tan perjudicial para la privacidad y los intereses del sector afecte a miles de trabajadores y empresarios que dependen de este motor para subsistir», ha afirmado.
La primera autoridad de la ciudad también ha señalado que se coordinará con otras autoridades locales y autonómicas para seguir presionando al Gobierno central y lograr una solución que no ponga en peligro el futuro del sector en Granada y en toda España
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