El Gobierno de España y el estado de alerta declarado a raíz de la crisis del Covid-19 va a traer consecuencias económicas muy graves que van a poner a prueba la estabilidad de un país que sufre desde ya el cierre de miles de comercios que cesan obligadamente su actividad durante, al menos, quince días y que van a tener que sustentar nóminas, pagos a la seguridad social, cuotas de autónomos y gastos generales sin recibir ningún tipo de ingresos.
Las Pymes y los autónomos de España tienen ante sí la misión de cumplir (pagando) y de luchar contra las palabras del gobierno central que promete que para retenciones del IRPF, cuotas repercutidas del IVA y el pago fraccionado del impuesto de sociedades, «se concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de mayo de 2020, ambos inclusive”, detalla el BOE publicado el pasado viernes. El plazo se estira a seis meses, pero sin embargo, es una decisión que no deja satisfecho al sector que tendrá que pagar (con pagos aplazados) sufriendo una caída descomunal en sus ingresos.
Pérdidas millonarias
Las medidas para los autónomos se han incluido dentro de un plan de 18.225 millones de euros que incluye 14.400 millones en ayudas para empresas de menor tamaño y autónomos que se vean fuertemente afectados, como el sector de la restauración. Sin embargo, es difícil dejar fuera a ningún autónomo o pequeña Pyme que no va a poder realizar su actividad de manera «normal» durante la menos los quince días que dure el estado de Alerta. c
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