Diputación incrementa en 1,5 millones las ayudas familiares en municipios de menos de 20.000 habitantes

La Diputación de Granada ha incrementado en 1,5 millones de fondos propios las ayudas económicas familiares destinadas a municipios de menos de 20.000 habitantes. Este aumento forma parte de las medidas para la protección de las personas del Plan Granada, para la recuperación económica y social de la provincia. Así lo ha anunciado hoy la vicepresidenta tercera y diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, quien ha subrayado que con el incremento, la inversión de la Diputación en ayudas económicas familiares y emergencias sociales supera los 3,3 millones de euros desde el comienzo de la pandemia, hace dos meses y medio.

De la Rosa ha indicado que este aumento del presupuesto en actuaciones de protección social forma parte de los compromisos adquiridos por la Diputación con el movimiento asociativo de la provincia en las reuniones mantenidas con representantes de diferentes entidades y colectivos. “En los dos meses y medio transcurridos desde el inicio de la crisis sanitaria, la Diputación ha destinado más de 1,5 millones a ayudas económicas y emergencias sociales, que han beneficiado a más de 4.000 familias de la provincia”, ha indicado.

La diputada de Bienestar Social ha señalado que “el objetivo de la Diputación, con el nuevo incremento de las ayudas, es ampliar y reforzar la protección de las personas en situación de vulnerabilidad para no dejar a nadie atrás en esta crisis sanitaria, económica y social”.

El Plan Granada incluye 52 medidas para la recuperación económica y social de la provincia. Para la protección de las personas, el documento prevé varias acciones que suman un presupuesto total de más de 13 millones. Entre ellas, destaca el incremento de los fondos destinados a la protección social, por importe de 6,1 millones, de los que 3,3 están asignados a ayudas para personas y familias en situación de vulnerabilidad (ayudas de emergencia y ayudas económicas familiares); otros 2,5 millones se destinan a los ayuntamientos para atender a personas de sus municipios que tengan urgente necesidad social, y 300.000 euros, que también gestionan los ayuntamientos, están dirigidos a  programas de envejecimiento activo y de atención a la infancia.