Dos detenidas por usar un contrato fraudulento para conseguir la nacionalidad

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres de 41 y 29 años, ambas de origen colombiano aunque la primera de ellas ya había conseguido la nacionalidad española. Se les considera presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal, por haber instado un procedimiento administrativo para conseguir la residencia legal de la más joven incorporando al expediente un contrato laboral ficticio.

Junto a estas dos mujeres ha permanecido en calidad de investigado un varón español de 56 años como presunto facilitador de dicho contrato. Las investigaciones se iniciaron en torno a un expediente presentado en la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno.

Como consecuencia de las pesquisas llevadas a cabo se pudo determinar que la nacionalizada española había conseguido regularizar su situación administrativa sirviéndose presuntamente de un contrato laboral como empleada de hogar en un domicilio de una localidad del Área Metropolitana. El morador de dicho domicilio, un varón español de 56 años habría sido el empleador  de esta mujer, manteniendo esta relación contractual  ficticia desde el año 2014, haciéndose cargo de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social que, a su vez, le eran reembolsadas en metálico por parte de la supuesta empleada.

Por otra parte, las investigaciones también revelaron que este modus operandi ya había sido puesto en práctica con anterioridad por esta persona, habiendo posibilitado la nacionalización de una ciudadana brasileña en el año 2010.

Relación de pareja de hecho para conseguir la tarjeta de residente

Ambas mujeres habrían aportado a la Oficina de Extranjeros la documentación necesaria para solicitar un permiso de residencia cuya beneficiaria sería la más joven de ellas, basándose en una relación bajo la forma de pareja de hecho. Entre la documentación incorporada estaría el contrato laboral antes descrito, como garante de los medios económicos exigidos.

El objetivo final habría sido la obtención de una tarjeta de residencia como familiar de ciudadano de la Unión Europea y ser beneficiaria del derecho comunitario, lo que significa en la práctica alcanzar la residencia legal en nuestro país y tener libertad de movimientos dentro de la mayoría de países de nuestro continente. Ambas mujeres quedaron en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales.