Foto: Junta de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de las alegaciones presentadas por la Consejería de Industria, Energía y Minas a la propuesta de planificación de inversiones de la red de transporte eléctrico 2025-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Junta considera que el documento estatal no responde a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía.
102 actuaciones para garantizar el desarrollo de Andalucía
En este contexto, la Junta de Andalucía ha reclamado la incorporación de 102 actuaciones adicionales, que suponen una inversión de 365 millones de euros, elevando hasta 823 millones el volumen total de nuevas infraestructuras eléctricas solicitadas. Estas cifras contrastan con los 458 millones contemplados en la propuesta inicial del Ministerio para nuevas actuaciones en la comunidad.
Las alegaciones son fruto de un amplio proceso de escucha a empresas, industrias y promotores energéticos. Según la Junta, la planificación estatal solo atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por Andalucía y destina a la comunidad apenas el 11,8% de la inversión total nacional, muy por debajo de lo que le correspondería por población, superficie y consumo eléctrico.
Nuevas necesidades energéticas e industriales
La Consejería ha realizado una nueva consulta a promotores de generación, al sector industrial más intensivo en electrificación y a las distribuidoras eléctricas, con el fin de actualizar las infraestructuras necesarias. Este proceso ha permitido identificar 119 proyectos que requieren nuevas infraestructuras no contempladas en el borrador actual, con una potencia asociada de 14.500 MW, además de 19 posiciones de apoyo solicitadas por las distribuidoras. En total, la potencia no atendida ronda los 18.000 MW.
La Junta ha solicitado actuaciones clave para reforzar los ejes estructurales de conexión dentro de Andalucía y con el resto del territorio nacional y países cercanos, así como nuevos accesos a la red para proyectos de generación, almacenamiento y demanda. Entre ellas destacan 16 nuevas líneas, la repotenciación de seis ejes existentes, la construcción de 12 subestaciones y la instalación de tres transformadores, lo que supone 37 actuaciones estructurales con una inversión de 306,4 millones de euros.
Infraestructuras prioritarias no incluidas por el Estado
Entre las actuaciones consideradas prioritarias figura el eje Lancha–Peñarroya–Maguilla de 400 kV y la nueva subestación de Peñarroya, esenciales para atender la demanda del Valle del Guadiato y Los Pedroches, estructurar el territorio y facilitar proyectos industriales y de generación renovable en el norte de Córdoba.
Además, la Junta reclama la construcción de 65 nuevas posiciones de acceso en subestaciones, con una inversión de 58,6 millones, para atender consumos industriales en Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada; impulsar renovables en Almería, Jaén, Cádiz y Huelva; desarrollar proyectos de hidrógeno verde, especialmente en Cádiz y Huelva; y garantizar potencia suficiente para centros de datos en Sevilla y Granada.
Andalucía, en desventaja energética
El Gobierno andaluz advierte de que no incluir estas actuaciones perpetuaría la desventaja de Andalucía, cuya densidad de red de transporte eléctrico por millón de habitantes es un 40% inferior a la media peninsular. La comunidad cuenta actualmente con más de 16 GW de potencia renovable instalada y ha aportado más del 25% de la nueva potencia renovable en España en los últimos tres años, y el 39% solo en el último año.
En la propuesta del Ministerio presentada en octubre de 2025, Andalucía recibe 959 millones de euros de los 8.130 millones previstos a nivel estatal. Sin embargo, más de la mitad corresponde a actuaciones ya planificadas y no ejecutadas, y solo 458 millones se destinan a nuevas inversiones, aceptando únicamente 25 de las 111 actuaciones solicitadas por la Junta.
Llamamiento a una planificación acorde a la realidad andaluza
La Junta de Andalucía ha reiterado al Gobierno de España la urgencia de atender estas infraestructuras para no frenar el proceso de transformación económica e industrial de la comunidad, basado en una energía barata, limpia y renovable, y evitar limitar las oportunidades de crecimiento de Andalucía en los próximos años.
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