El servicio de Justicia Gratuita abona más 1,5 millones de euros en Granada

Justicia transfiere a los colegios profesionales de abogados en Granada las retribuciones por las guardias y asistencias realizadas

Los colegios profesionales de Abogados y Procuradores recibieron hasta ahora de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública los 1.515.854,52 euros correspondientes al pago de la asistencia jurídica gratuita prestada por estos profesionales en Granada durante el primer trimestre, tras la revisión de las certificaciones entregadas a la Junta el pasado 30 abril.

En concreto, los procuradores les corresponde 138.808,40 euros por los servicios del turno de oficio entre enero y marzo, y que, una vez comprobadas las certificaciones, no han necesitado ninguna subsanación por parte de los profesionales.

La cuantía asciende n el caso de los abogados a 1.377.046,12 euros: más de un millón (1.062.645,12 euros) por las asistencias prestadas en el turno de oficio y 314.401 euros por las guardias.

Varios sectores beneficiados

Ya se ha aplicado en este primer semestre la subida acordada en la nueva orden reguladora de estas retribuciones, aprobada el año pasado y que entró en vigor en enero, lo que ha supuesto incrementos de entre un 20 y un 60%, según los conceptos y el número de actuaciones. Además, se han aumentado las guardias autorizadas a los colegios de Abogados.

Las retribuciones las asistencias del turno de oficio también las incrementaron en un 4% a la espera de la nueva orden de módulos y bases que actualizará las cuantías, que están congeladas desde 2009.

La pasada legislatura, la Junta ya realizó cambios en la fórmula de pago para agilizarla. Hasta entonces todos los abogados y procuradores debían esperar hasta que se subsanaran los requerimientos a las certificaciones que presentaban alguna deficiencia para poder cobrar.  Así, los Consejos andaluces de Colegios de Abogados y Procuradores reciben en apenas unas semanas desde que presentan las certificaciones de cada trimestre (tienen de plazo un mes) el  grueso del dinero correspondiente a las certificaciones de servicios que no presentan ningún error, de forma que para un segundo plazo quedan solo pendiente aquellas que requieren alguna subsanación.