Igualdad aborda las ayudas a domicilio durante la pandemia

Los más desfavorecidos en medio de la pandemia están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria de una manera muy cruel. Es por eso por lo que los organismos públicos se están poniendo manos a la obra para intentar solucionar esta situación. Así la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, se ha reunido hoy de forma telemática con el Comité Ejecutivo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), presidido por Fernando Rodríguez Villalobos, para establecer las líneas de colaboración entre ambas entidades que permitan poner en marcha en las localidades andaluzas las iniciativas que la Junta de Andalucía ha diseñado en materia social con motivo de la pandemia por Covid-19.

En este sentido, Ruiz ha manifestado la absoluta disposición por parte de su
departamento para que tanto la financiación como la gestión de todas las medidas diseñadas se hagan efectivas con la mayor eficacia y eficiencia posibles. Asimismo, ha agradecido la disponibilidad de la FAMP y ha puesto su agenda a disposición de esta entidad para la celebración de cuantas reuniones sean necesarias con el objetivo de poner en marcha todas las medidas en el menor periodo de tiempo posible.

Debido a la situación de aislamiento social impuesta por el estado de alarma, el Servicio de Ayuda a Domicilio que se encuentra en el catálogo de prestaciones del Sistema de Ayuda a la Dependencia ha resultado y está siendo un recurso fundamental para las personas que se encuentran en esta situación.

En lo que va de año 2020, la Consejería de Igualdad ha abonado más de 162
millones de euros (162.990.952,29) para la financiación de este servicio. En
concreto, 9.695.886,42 euros correspondiente a liquidaciones del año 2018;
122.974.104,65 euros del año 2019; y 30.320.961,22 euros del presente año, con el objetivo de que no se produzcan los retrasos en los pagos como anteriormente.

A este respecto, la consejera ha recogido la preocupación de la FAMP sobre la necesidad de poner en marcha la nueva Orden del Servicio de Ayuda a Domicilio y ha recordado que ya hay constituido un grupo de trabajo con el objetivo de que esté en funcionamiento a la mayor brevedad posible. Además, a través de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), los alcaldes y alcaldesas andaluzas van a poder aclarar sus dudas sobre el desarrollo de esta prestación
durante el periodo de estado de alarma.

Según ha señalado Ruiz, las medidas puestas en marcha por la Consejería han permitido flexibilizar la atención del Servicio de Ayuda a Domicilio ajustándola a las necesidades de las personas en situación de dependencia en un contexto de frenar el contagio del virus, a la vez que garantizan el mantenimiento del empleo de las auxiliares que prestan el servicio.

También las Tarjetas monedero y Renta Mínima

Por otra parte, la consejera se ha referido a la puesta en marcha de un fondo de garantía alimentaria articulado mediante la concesión de tarjetas monedero a familias afectadas por las consecuencias económicas del Covid-19 para su uso en mercados y tiendas de proximidad. Estas oscilarán entre 150 y 250 euros mensuales y serán concedidas por las ongs, siempre en coordinación con los Servicios Sociales Comunitarios de la zona que corresponda.

Así, Ruiz ha destacado la importancia de la labor que desempeñan los Servicios Sociales Comunitarios de las entidades locales, como se ha puesto de manifiesto con el refuerzo llevado al cabo por parte de la Consejería de 1.259 efectivos.

Además, se ha comprometido a estudiar la necesidad de ampliar este refuerzo en función de los fondos sociales que pueda transferir el Gobierno central. Por otra parte, ha puesto de manifiesto la intención de crear una plataforma de intercambio de información, que era una demanda de estas unidades de gestión.

En relación con la implantación de esta medida, la consejera ha informado a los representantes de la FAMP que se trata de una iniciativa que ha sido estudiada y valorada de la mano del grupo de trabajo creado en el seno de la Comisión permanente de diálogo con la Mesa del Tercer Sector. Este programa extraordinario cuenta con un presupuesto de 17 millones de euros, procedentes directamente de los fondos propios de la Consejería, y permitirá cubrir las necesidades de más de 20.000 familias andaluzas. Aunque su duración va a ser inicialmente de cinco meses, se podrá ampliar en función de la evolución de la pandemia. Respecto a la Renta Mínima de Inserción Social, la consejera ha subrayado la importancia de las medidas aprobadas para reforzarla, agilizando su tramitación y ampliando su cobertura como los procedimientos extraordinarios de concesión de
solicitudes de urgencia o emergencia social y la ampliación y prórroga automática de esta prestación. Esto ha supuesto la movilización de 9,4 millones de euros con el objetivo de beneficiar a unas 5.000 familias. De hecho, ya ha posibilitado que se haya pasado de 6.222 familias perceptoras en marzo a 11.388 en abril, alcanzándose la nómina más alta desde la implantación de la Renta Mínima.

Por otra parte, la agilización y simplificación administrativa de la prestación ha servido para gestionar, entre otras cuestiones, el aumento de la duración de las ampliaciones de seis a doce meses, dar tratamiento de nueva solicitud a la ampliaciones que se hubieran presentado con posterioridad a la finalización, la habilitación de los trabajadores y trabajadoras sociales de los Servicios Sociales Comunitarios para presentar solicitudes y, sobre todo, acordar una nueva situación de emergencia social para las familias con menores a cargo y unipersonales a la vez que se crea una prestación extraordinaria de cinco meses. Esta nueva ayuda de
emergencia cuenta con un presupuesto de 10,5 millones de euros y beneficia a unas 4.200 familias.

Por parte de la Consejería, han acompañado a su titular en la reunión la
viceconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, María del Carmen Cardosa; el secretario general de Políticas Sociales, Voluntariado y Conciliación, Daniel Salvatierra; y el director general de Servicios Sociales, Francisco José Vidal.