La convocatoria ayer de Elecciones Generales en España para el próximo 23 de julio conlleva la paralización de la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados y en el Senado al quedar disueltas las Cortes Generales.
Esto supone el decaimiento de todos Proyectos de Ley y las Proposiciones de Ley que se estuvieran tramitando en ambas Cámaras Legislativas. Es decir, todas estas normas quedan anuladas y tendrán que tramitarse si lo estima conveniente el próximo Gobierno resultante de las Elecciones Generales.
Mensajes
Estamos hablando de normas importantes. De las que el Gobierno de España ha estado lanzando mensajes constantemente y que ahora se convierten en papel mojado.
Por poner algunos ejemplos, en primer lugar estaría el Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. Una norma que podría establecer el seguimiento de procedimientos extrajudiciales para la resolución de las controversias que en materia de Consumo surgieran por parte de los consumidores en su relación con los bancos.
De igual modo, uno de los Proyectos de Ley más publicitados por el Ministerio de Consumo finalmente no verá la luz. Se trata del Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. Una norma conocida en la opinión pública por el establecimiento de la obligación de contestar en 3 minutos las llamadas realizadas por los consumidores.
ASESCON
Con respecto a este Proyecto, en ASESCON hemos sido siempre muy críticos porque primaba el tiempo a la calidad de la atención al cliente que para nosotros es mucho más esencial de regular y abordar.
También ha dejado de tramitarse el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, otro tema que consideramos esencial para los consumidores desde un punto de vista del Consumo responsable, consciente, eficiente y sostenible que defendemos en la Asociación Española de Consumidores.
Por todo ello, lamentamos que haya primado una vez más el interés político que el interés ciudadano. Los intereses de los consumidores españoles siguen sin estar en la agenda del Gobierno y se ha demostrado en este momento tirando a la papelera el trabajo llevado a cabo con estas leyes que se tenían que aprobar antes del final de Legislatura.
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