Maracena celebra la medida de protección adoptada a favor del hijo menor de Juana Rivas

El Ayuntamiento de Maracena ha expresado agrado por la decisión adoptada por la Jueza del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Granada, en funciones de Guardia, quien dictó una medida de protección a favor de Daniel, hijo menor de Juana Rivas.

Desde que Juana regresó a Maracena en mayo de 2016, huyendo del maltrato, el Ayuntamiento ha estado comprometido con su lucha por garantizar una vida libre de violencia tanto para ella como para sus hijos. El alcalde de Maracena, Carlos Porcel, ha calificado esta medida como un avance significativo, y asegura que «queda camino por recorrer, pero es indudable que se ha dado un paso muy significativo para que el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de Juana Rivas y sus hijos sea definitivamente alcanzado».

Caso Juana Rivas

Porcel también respaldó las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien subrayó que «el interés superior del menor consiste en impedir que conviva con un maltratador porque un maltratador nunca es un buen padre». Asimismo, el alcalde mostró su apoyo a las palabras de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien apeló a la necesidad de defender y ampliar los derechos de la infancia en España, reforzando la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia como herramienta clave en la protección de los menores.

Estas declaraciones surgen tras la decisión del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Granada, que acordó el pasado martes la suspensión provisional de la orden de la justicia italiana para que el hijo menor de Juana Rivas regrese a Italia con su padre, quien tiene la custodia. Esta medida de suspensión busca garantizar la seguridad y el interés superior del menor, según lo establecido en el marco legal nacional e internacional.

Desde el Ayuntamiento de Maracena, se reitera el compromiso con los valores de igualdad, justicia y protección de las víctimas de violencia, así como el respaldo a todas las medidas que garanticen los derechos de la infancia y la adolescencia en situaciones de vulnerabilidad.