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Foto: PP Granada
Los senadores granadinos Eva Martín y Joaquín Camacho, han defendido esta mañana la Ley antiokupación presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Cámara Alta. “Se trata de una Proposición de Ley con aspectos penales, civiles y administrativos, para luchar contra la ocupación no permitida por su dueño”, ha dicho Martín, que en el mismo contexto ha expresado que “frente al abandono hacia los propietarios de las viviendas del Gobierno de Sánchez, está el Partido Popular que se preocupa por problemas reales de los granadinos, un partido que lucha contra las conductas delictivas en lugar de fomentarlas o amnistiarlas”.
Eva Martín ha defendido la postura de tolerancia cero del Partido Popular frente a la ocupación. “Frente a la inacción y la desidia de Pedro Sánchez ante el problema de las viviendas ocupadas en Granada, el PP propone una ley que obliga al desalojo en 24 horas, voluntariamente desde que es requerido por la autoridad. Si no se hace voluntariamente, transcurridas 24 horas, se puede efectuar el desalojo de forma forzosa”. Apuntando además, que dicha ley “impide que los okupas se puedan empadronar en la vivienda ocupada e incrementa las penas previstas en el Código Penal”.
Ley de Okupacion
Así, ha explicado Martín, el Partido Popular cumple su compromiso de poner en marcha la tramitación de una Ley para elevar el castigo penal para las ocupaciones, agilizar los desalojos, y acabar así con el drama que viven muchas familias granadinas que ven como se tarda años en desalojar su vivienda. “El PP trabaja mientras el Gobierno de Sánchez está ocupado cediendo a las presiones de Puigdemont, y diciendo no a los granadinos, negándose a apoyar la Ley de Okupacion presentada por el Partido Popular”.
Con esta aprobación de la que se conoce como “la primera Ley Feijóo”, ha manifestado la senadora, a la que el PSOE “no apoya”, dejando que se ataquen los derechos fundamentales de los ciudadanos, “se reconoce la actividad de un cámara, la alta, con mayoría absoluta del Partido Popular, que trabaja y se preocupa por los granadinos, frente a la inactividad de un Congreso secuestrado por las exigencias de unos socios que, cuando trabaja, lo hace a un ritmo marcado por los intereses de unos pocos”.
Camacho ha expuesto que “la Proposición de Ley deja claro que la ocupación ilegal de viviendas, no solamente ataca el derecho a la vivienda y a la propiedad privada recogidos en la Constitución Española, sino que, además, altera gravemente la convivencia vecinal y pone en serio riesgo la seguridad e integridad de personas y bienes”.
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