El asunto de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social organizados por la Junta queda archivado para diez de los nueve acusados inicialmente, entre los que se encuentra el ex alcalde
Paco Cuenca queda libre de imputación ya que la causa en su contra por el caso de los cursos de formación ha sido archivada. Así lo ha decidido el juez del Juzgado de Instrucción número 6, José Ignacio Vilaplana. Se le suponían delitos de usurpación de funciones públicas, prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, fraude en la contratación administrativa y falsedad documental. Todo ello en relación con la contratación de servicios para realizar labores de control e inspección de los Cursos de Formación Ocupacional en Economía Social. Estos fueron organizados por la Junta durante 2010, 2011 y 2012.
El auto fue fechado el pasado lunes, 25 de septiembre. El mismo ha sido notificado en el día de hoy, miércoles 27, a las partes personadas en el procedimiento. Por lo tanto, el juez archiva la causa contra Cuenca y otros nueve investigados. Tras varios años de instrucción, el juez dictó el 2 de octubre de 2019 un auto acordando continuar por los trámites del procedimiento abreviado la causa contra todos ellos.
Cuenca, liberado de la causa en su contra
Tras esto, la Fiscalía pidió el archivo del caso y la causa contra Paco Cuenca, pero la acusación popular ejercida por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) acusó a las diecinueve personas investigadas inicialmente. Por este motivo, el ex alcalde de Granada se mantuvo implicado en la causa. Este último auto de 2 de octubre de 2019 fue recurrido por las defensas de varios de los acusados.
En el auto notificado ahora a los implicados, el magistrado subraya que el Ministerio Público no ha formulado acusación contra diez de los investigados. Así pues, “no procede decretar la apertura de juicio oral frente a ellos”. Se añade al auto que “los delitos objeto de las actuaciones no sería suficiente para articular una pretensión de condena contra sujetos respecto de los que la acusación pública considera que no existen indicios suficientes de criminalidad”.
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