El Ayuntamiento de Maracena ha convocado para este martes a las 12:00 horas el Pleno extraordinario en el que debatirá la moción de censura planteada contra su alcalde, Julio Pérez, del PP, por los grupos municipales de PSOE, IU y Conecta, que proponen como regidor al socialista Carlos Porcel al objeto de implementar un «proyecto transformador» con medidas que pasen por un «refuerzo de lo público».
Se cumplirá de este modo con la normativa que marca que el Pleno queda convocado de manera automática en el mediodía del décimo día hábil siguiente al registro de la moción en la Secretaría del Ayuntamiento, el pasado 2 de abril, después de que la jornada anterior la sancionaran ante notario los ediles de PSOE e IU, con Maracena Conecta (MC), que ha estado en el gobierno local cuatripartito liderado por el PP, del que también ha formado parte Vox, desde el inicio del mandato.
La suma de los grupos que promueven la moción de censura son los once concejales en los que se fija el límite de la mayoría absoluta en el Pleno maracenero, siete del PSOE, que ganó las elecciones de mayo, tres de IU y una de MC, que entraba en el cuatripartito y ahora forma parte de esta nueva fórmula de gobierno a tres bandas, que surge «tras una serie de hechos convulsos y falsas acusaciones de corrupción urbanística, hoy disueltas en sede judicial».
Cambio de signo político
Entre las medidas que han anunciado se encuentran aportar tranquilidad a los trabajadores del Ayuntamiento, con el proceso de «estabilización», la vuelta a la participación y que el vecino «sea la centralidad» de las políticas del consistorio, así como «la bajada del sueldo del alcalde».
También la reducción del número de asesores políticos, la ejecución del proceso de estabilización, la recuperación de los criterios de violencia de género en la bolsa de trabajo, acortar los plazos de la dependencia, la normalización del contexto laboral de la Policía Local o la solución de los problemas que se han creado en el servicio de ayuda a domicilio.
La situación política en Maracena se vio condicionada en la campaña electoral de mayo por la investigación judicial que se abría tras el secuestro de la exedil socialista Vanessa Romero en febrero del año pasado por el que entonces era pareja sentimental, investigado en esta causa por la que está en libertad provisional desde el pasado julio, de la en ese momento alcaldesa, Berta Linares, del PSOE, que dimitió tras los comicios.
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